A pesar del contenido algo sensacionalista de algunos comentarios y noticias no siempre bien informadas, la digitalización documental plena del sector aun tendrá que esperar
Las reticencias del sector del transporte a la digitalización documental es un misterio que hunde sus raices en la desconfianza, la ignorancia y el miedo a la introducción de medidas que supondrán un enorme ahorro de costes, una mayor seguridad jurídcia e incluso una mayor protección medioambiental. Pero también supondrá un aumento del contros por parte de la Administración Pública y eso puede explicar las reticencias. El eCMR y el documento de control digital facilitarán la trazabilidad y la transparencia en un sector basado en la subcontratación. El cargador sabrá desde el primer momento cual es la cadena de subcontratación y no se le podrá hurtar esa información, algo que no es del agrado de muchos operadores. Sin embargo, las ventajas de todo tipo que esta forma de documentar los contratos supone para toda la cadena superan con creces los inconvenientes que algunos crean ver.
En cualquier caso, parece que la obligatoriedad de estos documentos se retrasa. El Proyecto de Ley de movilidad sostenible, actualmente en el Parlamento, preveía en su Disposición Transitoria octava que el documento de control administrativo regulado en la Orden FOM/2861/2012 sería obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, ya sabemos que el Gobierno se ha comprometido a retrasar la obligación a enero de 2026. Por otro lado, parece imposible que la porpia norma pudiera entrar en vigor mucho antes de dicha fecha.
En cuanto al eCMR, la situación es aun peor. El Reglamento europeo 2020/1055 que regula la documentación electrónica en el transporte no señala plazos de implantación. Parece que habrá que esperar hasta enero del año 2029 para que el eCMR sea obligatorio. Teniendo en cuenta las reticencias atávicas del sector a la digitalización y su amor por el papel, ya veremos si esas fechas son o no realistas.
Desde aquí, solo podemos animar al sector a una actualización que redundará en una mayor agilización, seguridad jurídica y ahorro de costes. Lo digital ha llegado para quedarse.
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Alejandro Cribeiro de Unamuno
Abogado
cribeiro@icam.es